En un operativo en la zona portuaria de Lázaro Cárdenas, fuerzas federales y estatales decomisaron 119 mil toneladas de hierro y 124 vehículos de maquinaria pesada de procedencia extranjera, utilizados para procesar y transportar minerales, de los cuales no se acreditó su legal estancia en el país, informó el comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
Por la noche, el funcionario federal dio lectura a un documento en uno de los salones de la Casa de Gobierno, y refirió el empleo de nueve patios ubicados en el recinto portuario para, sin autorización, procesar y hacer acopio de minerales, presuntamente para ser exportados, principalmente a China.
“Las investigaciones arrojaron que los patios de acopio estaban siendo utilizados para almacenar una gran cantidad de material que podría ser de procedencia ilegal, por no contener los permisos y la documentación correspondiente que avale su extracción, almacenamiento y exportación”, subrayó Castillo.
En el operativo, personal del Instituto Nacional de Migración localizó en el patio El Manantial a cuatro extranjeros de origen chino, así como a dos de esta misma nacionalidad en el Patio El Sauce, quienes tendrán que acreditar su legal estancia en el país.
En los patios El Sauce se embargaron 27 máquinas y 85 toneladas de mineral; en el Golden Container Yard, 6 máquinas y 18 apilamientos; Las Parotas, 3 mil 900 toneladas de mineral; En el Uno, 14 máquinas y 24.5 toneladas de mineral; Global Sheeping, una máquina y 50 toneladas de mineral; Palos, tres máquinas y seis apilamientos; Zacatula, 25 máquinas y 45 mil toneladas; Manantial, 11 máquinas y 40 mil toneladas; Pwi Zhong, 21 máquinas y 60 mil toneladas; Eagle Rock Mineral, 8 máquinas y 7 mil 500 toneladas, y Emma donde sólo había residuos de material.
La maquinaria está conformada por tracto camiones, retroexcavadoras, transportadoras, moledoras, generadores y trituradores. Del mineral de hierro se tomaron muestras y se enviaron a analizar para determinar su composición y lugar exacto de extracción, y si éste corresponde a las coordenadas de las minas concesionadas.
Participaron también 60 auditores del Sistema de Administración Tributaria, 72 policías federales; 70 elementos de la Marina; 70 de la Defensa Nacional; 20 policías de la Procuraduría General de la República (PGR); 12 agentes del ministerio público, 30mperitos y 45 policías de la Procuraduría general de Justicia del Estado (PGJE); ocho empleados de la Semarnat y cinco de la Profepa; seis inspectores del Instituto Nacional de Migración y 14 del Cisen.
“El embargo precautorio dio inicio al procedimiento administrativo para que los interesados aclaren las irregularidades detectadas. De lo contrario se impondrán las sanciones que correspondan y los bienes pasaran a ser propiedad del fisco federal”, concluyó el documento.